Como ya viene siendo un hábito de la Generalitat Valenciana, nuevamente se ha publicado la paralización de los plazos del artículo 104 LOTUP para tramitar la expropiación rogada. Esta vez han sido 3 años mas, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esta medida tuvo sentido en una, e incluso en las dos ocasiones anteriores, para dar un margen a las administraciones locales para que adapten el planeamiento y eviten con ello la sangría de justiprecios por la obtención de dotaciones públicas que se calificaron sin medida. A cuatro años vista de la primera paralización, otorgar 3 años más constituye un autentico abuso que atenta contra un derecho ciudadano. Ahora ya no se trata de dar ventaja al ayuntamiento (el que no ha acometido ya una modificación de su planeamiento, solo demuestra que no tiene intención de hacerlo) si no de perjudicar al ciudadano en beneficio de las arcas públicas. Mientras el derecho a la expropiación rogada subsista, el argumento de la falta de recursos públicos no es admisible.