Blog

El pleno de Burriana dio ayer oxígeno a la empresa que se adjudicó la condición de agente urbanizador del PAI Golf Sant Gregori. Curiosamente han pasado justo dos años desde de que el mismo pleno diera luz verde al inicio del expediente de rescisión del contrato. Dicho de otro modo, una mercantil que en 2016 tenía los dos pies prácticamente fuera del proyecto y que además había entrado en concurso de acreedores, respira hoy aliviada. En este cambio de rumbo tiene mucho que ver el hecho de que un inversor haya comprado la deuda reclamada por las entidades financieras (se ha hablado de aproximadamente 40 millones de euros) y que, de paso, haya dado de nuevo viabilidad a la firma.

El equipo de gobierno burrianense afirmó ayer que, una vez recibida toda la documentación que acredita la solvencia de la empresa y una vez recibido un informe jurídico encargado a un despacho de abogados externo, procedía suspender el proceso de rescisión contractual iniciado contra esta empresa en marzo de 2016 y dejar la resolución del caso a expensas de una negociación que debería desembocar en un acuerdo entre el Ayuntamiento y la mercantil para poder arrancar el proceso de contratación de las esperadas obras.

Sin embargo, este relato de los hechos tiene muchos matices y la oposición se encargó ayer de ponerlos sobre la mesa. Y es que, además de contar con un informe externo del despacho jurídico de Amparo Baixauli (prestigiosa letrada experta en temas urbanísticos), existe otro que firman conjuntamente la secretaria municipal y la técnico de Urbanismo que se opone a las intenciones municipales.

La portavoz de Ciudadanos, María Jesús Sanchís, leyó este documento: «Sería contrario al ordenamiento jurídico que se facilitara el mantenimiento de la condición de agente urbanizador» (a Golf Sant Gregori). Cabe recordar que el inicio de la rescisión de contrato se debió a varios incumplimientos contractuales que ahora, por vía de la negociación anunciada a raíz del pleno de ayer, deberían corregirse. Otras voces, entre ellas las de los técnicos municipales, apuntarían a que el proceso debería haber sido el de ejecutar los avales y liquidar el contrato, para posteriormente volver a convocar el concurso que eligiera un nuevo agente urbanizador.

Sin embargo, el tripartito que dirige la socialista Maria Josep Safont, se ha amparado en el informe jurídico externo que avala la suspensión del proceso de rescisión (que había quedado en un limbo administrativo por inacción desde 2016) para poder iniciar conversaciones tendentes a reconducir la situación con una empresa, Golf Sant Gregori, ya supuestamente saneada. En resumen, tanto el informe de Amparo Baixauli como la decisión plenaria aprobada ayer -con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Se Puede) y Cibur; la abstención del PP;y el voto en contra de Ciudadanos-, no hacen otra cosa que dar oxígeno a una mercantil que hace ahora dos años estaba a un paso de quedarse fuera del proyecto.

En cuanto al inicio de las negociaciones, la alcaldesa anunció que creará una comisión de seguimiento de estas conversaciones con la empresa en la que quiere que estén presentes todas las partes implicadas, así como los partidos de la oposición, requerimiento este último que le hizo la portavoz de Cibur Mariola Aguilera, que, como su homólogo del PP, Juan Fuster, afeó al tripartito que en estos dos años no se haya buscado ir de la mano para encarar todos los entresijos del PAI.

Fuente: www.elmundo.es